By por Ana Cristina Bracho. En Misión Verdad
foto: Carlos Barria / Reuters
Desde el mes de enero,
Venezuela tiene un conflicto cada vez más complejo en el área
diplomática. El mismo empezó con la Declaración del Grupo de Lima que
pretendía la transferencia de competencias del Ejecutivo Nacional al
Parlamento y se agudizó con el reconocimiento ilegal de Juan Guaidó como
“Presidente Encargado de Venezuela”.
Prontamente, Juan Guaidó empezó a utilizar la Asamblea Nacional como
una extraña oficina de asuntos internacionales donde los actos se dictan
para tener efectos en el extranjero, nombrando funcionarios que en
apariencia serían embajadores. Su presencia en los países en los que han
sido nombrados ha sido abordada de distintas maneras, pero
constituye sin duda, uno de los puntos más álgidos de la pretendida
construcción de un gobierno paralelo.
Sobre este punto trascendió lo ocurrido en Costa Rica, donde el
gobierno del país centroamericano reconoció a una emisaria de Guaidó y
luego que ingresase por la fuerza, se le solicitó salir de la
instalación diplomática venezolana. De igual forma, en Panamá,
reconocieron a la enviada de Guaidó pidiéndole al embajador, Durán
Centeno, entregarle la sede.
Sin embargo ninguno de estas situaciones ha sido más complicada que la ocurrida desde hace un mes en los Estados Unidos.
En este particular, recordemos que la situación actual inició cuando
el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como
Presidente y seguidamente, Nicolás Maduro, actuando como Jefe de Estado,
expulsó a los diplomáticos estadounidenses de Venezuela.
Posteriormente, Juan Guaidó intentó invalidar la decisión de Miraflores
pero dada la virtualidad de su poder, Estados Unidos finalmente aceptó
retirarse de Venezuela.
En el presente, la embajada de los Estados Unidos en Venezuela
permanece cerrada y no se han suscitado nuevas controversias
diplomáticas en relación a este espacio, lo que contrasta con lo que
viene ocurriendo en los espacios de Venezuela en Washington.
Esta situación amerita que realicemos un pequeño repaso por las
nociones del derecho que rige las relaciones diplomáticas para
finalmente analizar cuál es el razonamiento de Washington en este
conflicto.
Contexto jurídico
En Washigton se encuentra la Embajada de Venezuela en Estados Unidos.
Jurídicamente la sede de una misión diplomática permanente no es un
edificio cualquiera sino que por ser la representación de un país en
otro, goza de protección internacional.
Las reglas sobre su funcionamiento y protección se han construido a
través de un derecho consuetudinario que se formó desde la antigüedad y
en el presente se encuentran, principalmente, en la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas que establece fundamentalmente la
inmunidad de las sedes y del personal diplomático, así como determina el
poder del Estado receptor de determinar como persona non grata a los
diplomáticos que tiene en su territorio y somete, de conformidad con el
Protocolo adicional, a la conciliación y a la Corte Internacional de
Justicia los conflictos que se generen en relación a alguna embajada.
Situación actual
Una vez que se produjo el corte de relaciones diplomáticas entre
Caracas y Washington, el gobierno de los Estados Unidos procedió a
reconocer a Carlos Vecchio
como “encargado de negocios”. Seguidamente, el 18 de marzo, trascendió
que Vecchio había recibido una “entrega formal” de dos oficinas de la
agregaduría de Defensa de Venezuela en Estados Unidos que le fueron
entregados por el Coronel José Silva Silva, agregado militar venezolano
que reconoció el 26 de enero a Juan Guaidó como “presidente”.
En esa misma fecha, Carlos Vecchio manifestó tener el control sobre
el consulado de Venezuela ubicado en Nueva York, cuyo régimen jurídico
está consagrado en el derecho que rige a estas oficinas que es distinto
al de las embajadas.
En vista de esta situación, era previsible que el próximo paso de la
oposición sería hacerse de la embajada, contando para ello con el apoyo
del gobierno norteamericano. Para evitarlo, un grupo de activistas
estadounidenses denominado Colectivo para la Protección de la Embajada (Embassy Protection Collective) entró al edificio y se mantiene en el mismo con la anuencia del gobierno venezolano.
En respuesta, desde el mes de abril las instalaciones han sido
permanentemente asediadas, lo que se ha agravado en los últimos días
donde se ha efectuado corte de luz, la prohibición de la entrega de
alimentos a las personas que se encuentran dentro de la sede
diplomática, quienes también han sido insultadas y golpeadas.
Por estas razones, el 9 de mayo, el canciller venezolano Jorge Arreaza
exigió al departamento de Estado de Estados Unidos respeto a lo
suscrito en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y
proteger el edificio de la embajada venezolana en Washington.
Los activistas que se mantienen en la Embajada denuncian la
colaboración del gobierno de los Estados Unidos a los simpatizantes de
Guaidó que los acosan y se mantiene la hostilidad en las posturas de
Washington hacia Caracas.
El derecho Internacional y el derecho estadounidense
La supremacía que se abogan para ellos los estadounidenses tiene sus expresiones jurídicas.
La principal se manifiesta en la jerarquía normativa en la cual nada
está por encima de los documentos federales y que el derecho
internacional tenga para ellos, una importancia mucho menor a la que
nosotros le damos. Siendo por demás, un tema de recurrente debate en el
Congreso la amplitud con la que conciben los efectos de sus normas.
Para los estadounidenses, a diferencia de la mayoría de los países,
su derecho es dictado con la pretensión de que tenga efectos no sólo en
su país sino en todo el mundo.
Por ello, para determinar si un acto es legal para los
estadounidenses basta con revisar el procedimiento nacional, como que el
Presidente haya reconocido a un sujeto para considerar que se ajusta a
su derecho y esta es la línea argumentativa de Washington así como de
los periodistas e influencers que les hacen coro.
El ejemplo de Siria
Esta manera de pensar el mundo se ha puesto en manifiesto en varios contextos.
Por ejemplo, cuando la pretensión fundamental de occidente era la
creación de un gobierno de transición en Siria para apartar a Bashar
al-Asad, pudo observarse una jugada similar y como los países aliados a
los Estados Unidos rompieron relaciones con Damasco, retirando sus Embajadas y forzando el debate sobre Siria en los espacios onusinos.
Así, el reconocimiento del Consejo Nacional Sirio como autoridad
gobernante por parte de Libia y posteriormente por Francia como
representante legítimo, generó varios altercados diplomáticos que
terminarían por irse enfriando al no lograr contar con apoyo suficiente
en las Naciones Unidas.
Cuando esta estrategia estaba en su mejor momento, logró contar con
el reconocimiento de su legitimidad por 88 países y empezaron a
presentarse incidentes que el gobierno de Damasco consideraba de la
responsabilidad directa de Estados Unidos. Entre ellos, el asalto a la
embajada de Siria en Egipto
en ocasión al cual Yusuf al Ahmed, quien era el embajador de sirio,
declaró que las autoridades egipcias eran totalmente responsable del
“fracaso en la protección del edificio de la Embajada” y de “no tomar
acciones punitivas contra estas personas, que son conocidas por las
autoridades”.
De igual manera, en París, el Consejo Nacional Sirio, constituyó una
“embajada” que funcionó durante el tiempo que permanecieron rotas las
relaciones con Damasco.
En 2017, tras el cambio de las posturas galas sobre Siria, Emmanuel Macron
ordenó su cierre demostrando así, entre otras cosas, que estos agentes
seguían sus órdenes y no son, bajo ninguna óptica, una misión
diplomática en el sentido jurídico de las mismas.
En el presente, derrotada la intervención contra Siria, se observa
que pese a haber sido reconocidos en Estados Unidos y en sus países
aliados, en la medida que fracasan estos falsos gobiernos se van
diluyendo.
Quedan luego estos capítulos como parte de las formas de imponer
presión e impactar la opinión pública al no poder lograr ni un gobierno
verdadero en los países que quieren intervenir, ni una votación unánime o
al menos mayoritaria y sin veto en la Organización de las Naciones
Unidas que sigue siendo, aunque los juristas estadounidenses pretendan
lo contrario, lo más cercano a un escenario universal.
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